El ámbito laboral está repleto de normativas y procedimientos que buscan garantizar un entorno justo y equitativo para todas las partes involucradas. Uno de los elementos esenciales en cualquier relación laboral es el contrato. Pero, ¿qué ocurre cuando este acuerdo no está plasmado por escrito? Laborley aborda esta cuestión, desentrañando la legalidad y validez de los contratos verbales en el mundo laboral español.
1. La legalidad de los contratos verbales
En España, la ley reconoce la validez de los contratos verbales. No es obligatorio tener un contrato por escrito para que exista una relación laboral. Sin embargo, la ausencia de un documento escrito puede complicar las cosas si surgen disputas entre el empleador y el empleado. Por ello, es vital comprender que, aunque es legal, no siempre es lo más recomendable.
Asimismo, le informamos desde Laborley que aunque es legal el contrato verbal, hay contratos de trabajo que deben constar por escrito cuando así lo exija la ley, como los contratos a tiempo parcial, o temporales, con lo cual, si estamos ante este tipo de contratos y, no están por escrito, se presumirá celebrados por tiempo indefinido y, a jornada completa, salvo prueba en contrato que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial.
2. El dilema de la prueba
El principal problema de un contrato verbal es probar su existencia y términos. En situaciones donde se requiere evidencia de las condiciones acordadas (como en despidos, reclamaciones salariales, o condiciones de trabajo), la falta de un contrato escrito puede complicar y alargar los procedimientos legales. Recordemos que, en estos casos, la carga de la prueba recae generalmente en el empleador.
3. Recomendaciones de Laborley
Desde Laborley, siempre recomendamos formalizar cualquier relación laboral mediante un contrato escrito. No solo brinda seguridad a ambas partes, sino que también permite claridad en términos y condiciones, evitando posibles malentendidos o disputas en el futuro. Un contrato por escrito es una herramienta esencial para proteger los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores.